A más de un mes de la detención del barco de búsqueda y rescate Sea-Watch 4 en Palermo, Italia, los bloqueos administrativos continúan impidiendo que regrese al Mediterráneo Central.
Estos comentarios se producen a raíz de la presentación de una apelación legal ante un tribunal administrativo italiano por parte de Sea-Watch, los propietarios del barco, impugnando su detención continua.
Médicos Sin Fronteras trabaja en colaboración con Sea-Watch a bordo del Sea-Watch 4, brindando atención médica y asistencia humanitaria a las personas rescatadas. Contamos con un equipo esperando urgentemente que el barco sea liberado para poder volver a salvar vidas. Están paralizados mientras la situación en el Mediterráneo Central sigue siendo terrible. Tan solo esta semana han muerto casi 20 personas, incluidos dos niños y una mujer embarazada, y cinco personas más se encuentran presuntamente muertas o desaparecidas tras otro incidente.
“Desde el 19 de septiembre, el Sea-Watch 4 no ha podido zarpar, no ha podido reanudar sus operaciones, está efectivamente atrapado”, asevera Beatrice Lau, jefa de misión de MSF.
«Al menos 80 personas, posiblemente muchas más, han perdido la vida en el Mediterráneo Central desde que el barco fue incautado. Cientos más han sido devueltas a Libia, donde podrían ser sometidas a torturas y abusos«.
Si bien MSF reconoce y respeta la importancia de los controles de seguridad portuaria como un componente esencial del derecho marítimo, tememos que la decisión de las autoridades italianas tenga una motivación política y se base en una interpretación absurda del derecho marítimo y las normas de seguridad que solo tiene como objetivo obstruir las operaciones de rescate del Sea Watch 4 en el mar. Tras una inspección de 11 horas a bordo del Sea-Watch 4 por parte de las autoridades portuarias italianas, el barco recibió una orden de detención sobre la base de una larga lista de irregularidades que van desde varias luces que no funcionan hasta algunas que son simplemente imposibles de abordar.
Por ejemplo, una de las irregularidades señaladas por las autoridades italianas es el hecho de que, como resultado de las operaciones de rescate y transbordo; el Sea-Watch 4 transportó a 354 personas, superando así el número total de personas a quienes se puede proporcionar el uso de dispositivos de salvamento del barco. Tal interpretación ignora el hecho de que las operaciones de salvamento, y el deber de los capitanes de barco de brindar asistencia a personas en peligro en el mar, están consagradas en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos.
La interpretación es aún más reprobable dado que las autoridades maltesas ordenaron al barco que embarcara a más personas de otro buque de búsqueda y rescate después de que se viera obligado a pedir ayuda mientras se encontraba en la zona de búsqueda y rescate de Malta. Al mismo tiempo, los barcos de la guardia costera italiana también estaban en la escena y evacuaron a cuarenta y nueve personas vulnerables, y el Sea-Watch 4 se llevó a bordo a las 152 personas sobrevivientes restantes.
“En un espíritu de cooperación, hemos trabajado arduamente para arreglar lo que pudimos, a pesar de que algunas de las irregularidades declaradas son demasiado leves para justificar la detención”, explica Barbara Deck, coordinadora de proyecto de MSF a bordo del Sea-Watch 4.
“El resto son, francamente, imposibles de cumplir: por ejemplo, el Estado bandera del barco, Alemania, simplemente no proporciona el tipo de certificación requerida por las autoridades italianas, lo que hace que esta irregularidad sea imposible de rectificar. Por esta razón, tememos que las autoridades italianas estén utilizando los procedimientos legítimos y el derecho marítimo como armas para detener las actividades de búsqueda y rescate«.
La detención del Sea-Watch 4 es parte de un patrón mortal que impide a las ONG realizar actividades para salvar vidas, de conformidad con el derecho internacional y las leyes nacionales. Cuando fue incautado, se volvió el quinto barco de búsqueda y rescate de una ONG en ser detenido en puertos italianos en cinco meses. El 10 de octubre, el barco Alan Kurdi -también de una ONG- fue detenido en Sicilia por segunda vez en seis meses. El 22 de octubre, el barco de rescate Louise Michel, financiado por Banksy, anunció que tampoco podía abandonar el puerto porque se estaba impugnando su registro.
Los gobiernos de la Unión Europea (UE) han quitado la capacidad de búsqueda y rescate de la frontera marítima más mortal del mundo. Que lo hagan de forma simultánea a su promesa de tener un enfoque más humano a la migración en su reciente pacto migratorio, es trágicamente paradójico. Si los Estados miembros de la UE no están dispuestos a hacer su trabajo, lo mínimo que pueden hacer es dejar que los barcos de búsqueda y rescate de las ONG hagan el suyo.
Los acontecimientos recientes en el Mediterráneo Central han expuesto las consecuencias mortales de la decisión de los Estados miembros europeos de ignorar repetidamente su deber legal y moral de salvar vidas, mientras optan por imponer medidas burocráticas y administrativas abusivas sobre los activos que salvan vidas. Desde la detención del Sea-Watch 4, al menos 80 personas han muerto en naufragios frente a las costas de Libia e Italia. En un caso, un barco con 12 personas ha estado a la deriva por el Mediterráneo Central durante 10 días, con cinco personas presuntamente desaparecidas o muertas. Sin embargo, las autoridades solo iniciaron un operativo cuatro días después de haber recibido información sobre el caso de socorro.
Al mismo tiempo, la UE sigue financiando y capacitando a la Guardia Costera de Libia a pesar de su propio reconocimiento de que Libia no es un lugar seguro para retornar a las personas. El 8 de octubre, dos barcos pertenecientes a la Guardia Costera libia regresaron a Libia después de ser sometidos a reparaciones sustanciales pagadas por Italia y la UE. Estos barcos se utilizarán para capturar personas en el mar y devolverlas al mismo lugar del que intentan huir.
En lo que va de 2020, al menos 506 personas han perdido sus vidas en el Mediterráneo Central, y casi 9.000 han sido retornadas forzosamente a Libia.
