A 10 años de la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) en Honduras, diversas organizaciones que conforman el Grupo Estratégico por la PAE, como Médicos Sin Fronteras (MSF), muestran su preocupación de manera constante ante la falta de este insumo que es parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con la prohibición no se ha logrado aprobar un protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual.
A partir de 2014, MSF junto con otras organizaciones -como La Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Mujer, el Observatorio de la violencia de la Universidad Autónoma de Honduras y en conjunto a la Dirección de Normalización de la Secretaría de Salud- han participado en la mesa de trabajo para la aprobación de un protocolo de atención integral, dedicado a sobrevivientes de violencia sexual en Honduras. Su aprobación está pendiente desde octubre de 2017 debido a que la PAE sigue prohibida y es parte esencial del protocolo, para que las sobrevivientes de violencia sexual tengan la opción de prevenir un embarazo no deseado producto de abuso sexual.
“Honduras es el único país del continente americano que prohíbe la PAE y es fundamental para prevenir embarazos no deseados, especialmente en casos de violación. La pastilla, como ha reiterado la OMS, no causa aborto ni daña la fertilidad futura”, asegura el doctor Marcelo Fernández, jefe de misión de MSF en Honduras.
Desde la prohibición de la PAE, mediante Decreto Ejecutivo l emitido a través del Despacho de Salud (Decreto Ministerial 2744) entre 2009 y 2018, han ocurrido 215.551 partos de niñas y mujeres menores de 18 años; en 2017 21.150 mujeres menores de 18 años dieron a luz, con un aumento de más de 5 mil partos de 2009 a 2016, de acuerdo al reporte del Centro de Derechos de Mujeres realizado en 2017. Se trata de niñas sometidas a partos obligados que ponen en riesgo su vida ya que existe mayor riesgo de complicaciones en un embarazo durante la adolescencia y el binomio madre-hijo es más vulnerable.
Entre enero 2016 y junio 2019, en Tegucigalpa, MSF atendió de manera integral a 94 mujeres que indicaron que quedaron embarazadas tras sufrir una violación. Esta cifra es solo un reflejo de una emergencia sanitaria nacional.
A la fecha, el gobierno hondureño ha hecho caso omiso al llamado de múltiples organizaciones que abogan por la salud y los derechos de las mujeres desde hace una década, a pesar de ser el país que tiene una de las tasas más alta de embarazo adolescente (1 de cada 4 ha estado embarazada) y de violencia (41.4 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2018) en la región; todavía no integra en sus programas nacionales de planificación familiar la anticoncepción de emergencia; un método que impediría que muchas mujeres tuvieran embarazos no deseados.
Los llamados que se han realizado han sido diversos, desde constantes reuniones con la Secretaría de Salud, la comisión de salud del Congreso Nacional y otros actores de la sociedad civil, hasta comunicados públicos, donde se ha aclarado el mecanismo de acción del medicamento, la importancia del mismo para la salud de las mujeres y su fundamental uso dentro un protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual, avalados por la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Honduras. Al igual se han realizado diversas recomendaciones, tanto por el Mecanismo de Seguimiento de la convención de Belem do Pará para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, donde muestran clara preocupación sobre la falta de acceso a la PAE y sus consecuencias en la salud de las mujeres hondureñas.
Al no tener acceso a la PAE las mujeres se ven enfrentadas al riesgo de un embarazo no deseado y, consecuentemente, son obligadas a buscar sitios clandestinos para interrumpir su embarazo. Según cifras del informe de violencia sexual de 2017 del Centro de Derechos de Mujeres, en Honduras el aborto inseguro representó el 12% de las muertes maternas en el país. De acuerdo con los registros de la Secretaría de la Salud, en 2018 el número de egresos hospitalarios por abortos fue de 12.042. De estas pacientes, 20% fueron mujeres entre los 10 y los 19 años.
A pesar de los continuos esfuerzos y la abundante evidencia científica, la Secretaría de Salud no ha aprobado el protocolo de atención integral y ha pasado por alto lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en su Hoja Informativa que dice que: las PAE-LNG no interrumpen un embarazo en curso ni dañan un embrión en desarrollo. La evidencia disponible actualmente muestra que el uso de las PAE-LNG no impide que un huevo fecundado se implante en la capa que recubre la cavidad uterina. El principal mecanismo de acción de las PAE-LNG es bloquear o alterar la ovulación; su uso también puede impedir el encuentro del espermatozoide y el óvulo.
Las organizaciones en favor de la PAE reiteran su llamado a la Secretaría de Salud para que apruebe de forma inmediata el protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual a nivel nacional, e insta a esta entidad y al Gobierno de Honduras para que elimine la prohibición de la PAE, ya que el medicamento es parte fundamental para la salud de las mujeres a nivel nacional.
