Encuestas realizadas por Médicos Sin Fronteras (MSF) en campos de refugiados en Bangladesh estiman que al menos 9.000 rohingyas murieron en Myanmar, en el estado de Rakhine, entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre. De todas estas muertes, el 71.7% habrían sido causadas por violencia, lo que resultan en que al menos 6.700 rohingyas, en las estimaciones más conservadoras, murieron asesinados; entre los cuales habría al menos 730 menores de 5 años.
Los resultados de las encuestas de MSF muestran que los rohingyas han sido un objetivo buscado y son la indicación más clara hasta la fecha de la violencia generalizada que comenzó el 25 de agosto cuando las fuerzas armadas, la policía y las milicias locales lanzaron las últimas «operaciones de limpieza» en Rakhine en respuesta a los ataques por el Ejército de Salvación Rohingya Arakan. Desde entonces, más de 647.000 rohingyas han huido de Myanmar hacia Bangladesh.
«Nos reunimos y hablamos con sobrevivientes de violencia en Myanmar, que ahora se están refugiando hacinados en campos insalubres en Bangladesh. Lo que descubrimos fue impactante, tanto por el enorme número de personas que informaron de que uno o más miembros de su familia habían muerto como resultado de la violencia, como por las formas horribles en que relataron que habían sido asesinados”, afirma Sidney Wong, director médico de MSF. “El pico más alto de muertes coincide con el lanzamiento de las últimas ‘operaciones de limpieza’ por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar en la última semana de agosto».
A principios de noviembre, MSF realizó seis encuestas de mortalidad retrospectivas en diferentes secciones de los asentamientos de refugiados en Cox’s Bazar, justo al otro lado de la frontera con Myanmar, en Bangladesh. La población total de las áreas cubiertas por las encuestas fue de 608.108 personas; de las cuales 503.698 huyeron de Myanmar después del 25 de agosto. 100.464 eran menores de 5 años.
La tasa de mortalidad general entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre de las personas en los hogares encuestados fue de 8.0 / 10.000 personas por día. Esto es equivalente a la muerte del 2.26% (entre 1.87% y 2.73%) de la población muestreada. Si esta proporción se aplica a la población total que había llegado desde el 25 de agosto a los campamentos cubiertos por las encuestas, esto sugeriría que entre 9.425 y 13.759 rohingyas murieron durante los 31 días iniciales siguientes al inicio de la violencia, de los cuales al menos 1.000 eran menores de 5 años.
Las encuestas muestran que de estas muertes, al menos el 71,7% se debieron a la violencia, incluso entre los niños menores de 5 años. Esto representa al menos a 6.700 personas, incluidos 730 niños. En total, el 69% de las muertes relacionadas con la violencia fueron por disparos de arma de fuego, mientras que un 9% fueron quemados vivos en sus casas y el 5% golpeado hasta morir. Entre los menores de 5 años, más del 59% de los asesinados durante ese período fueron por disparos, el 15% quemados vivos en su hogar, el 7% golpeados hasta la muerte y el 2% murieron debido a explosiones de minas terrestres.
«Es probable que el número de muertes sea una subestimación, ya que no hemos estudiado todos los asentamientos de refugiados en Bangladesh y además las encuestas no representan a las familias que nunca salieron de Myanmar», dice el Dr. Sidney Wong. «Escuchamos relatos de familias enteras que fallecieron encerradas dentro de sus casas mientras les prendían fuego».
«En la actualidad, muchas personas siguen huyendo de Myanmar a Bangladesh y aquellos que logran cruzar la frontera siguen asegurando haber sido objeto de violencia en las últimas semanas», agrega el Dr. Sidney Wong. «Hay muy pocas organizaciones independientes con autorización para acceder al distrito de Maungdaw, en Rakhine. Tememos por el destino que han podido correr las personas que todavía están allí».
En consecuencia, la firma de un acuerdo para el retorno de los refugiados entre los Gobiernos de Myanmar y Bangladesh es prematura. No se debe obligar a los rohingyas a regresar y se debe garantizar su seguridad y sus derechos antes de que dichos planes puedan ser tomados en serio.
