La organización médico-humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) da la bienvenida a la resolución del Senado de la Nación Argentina, mediante la cual se condena el ataque contra estructuras sanitarias y se promueve el respeto al Derecho Internacional Humanitario y el cumplimiento de la nueva resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre atención médica en conflictos armados. En un gesto simbólico, integrantes de la Comisión se acercarán hoy a la Oficina Regional de MSF en Buenos Aires para hacer entrega del documento.
En muchos de los lugares de conflicto donde MSF trabaja, las estructuras sanitarias son bombardeadas de manera rutinaria. Durante 2015, 106 ataques aéreos y bombardeos golpearon a 75 hospitales gestionados o apoyados por MSF en Siria, Yemen, Afganistán, Ucrania y Sudán. Y en lo que va del año, ya son 34 los ataques contra hospitales coordinados o apoyados por MSF en Siria y Yemen.
“Somos testigos de un ataque sostenido contra la prestación de asistencia médica en conflictos armados así como de una falta total de respeto por esta actividad”, manifestó David Cantero Pérez, director de MSF en Argentina. “En momentos donde pacientes y médicos se han convertido en objetivos de guerra, recibimos favorablemente la resolución del Senado para reclamar la protección de las instalaciones médicas, pacientes y personal sanitario, y urgir a los Estados y las partes en conflicto a que se comprometan a respetar los principios y las normas del Derecho Internacional Humanitario”, agregó.
El 3 de mayo pasado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó de forma unánime la Resolución 2286 para garantizar que hospitales, pacientes y civiles en zonas de guerra no fueran blanco de ataques, ratificando los convenios ya existentes. Sin embargo, desde el momento en que fue aprobada, 20 hospitales más apoyados por MSF han sido atacados en Siria y Yemen.
“Debe ponerse fin a los ataques a las estructuras sanitarias y a las poblaciones en zonas de conflicto. Solicitamos a los Estados una implementación real de la Resolución 2286 y un desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas efectivos para la investigación de estos crímenes para que no queden impunes”, finalizó Cantero Pérez.
