La Cumbre de La Valeta (Malta) que reúne el 11 y 12 de noviembre a los jefes de Estado de Europa y África podría ser el siguiente paso hacia la formalización de los reflejos “proteccionistas” de los que han hecho gala los países europeos confrontados a la crisis de migrantes y refugiados, sirios la mayoría pero también iraquíes y afganos, que están llamando a sus puertas desde finales de verano.
Se trata de una oficialización de las prácticas de “subcontratación” de control fronterizo, formada por estados nacionales que están de acuerdo en realizar el trabajo sucio de Europa a cambio de apoyo económico y de otro tipo.
La subcontratación tiene consecuencias: el derecho de los refugiados se erosiona y el acto de cruzar una frontera se criminaliza.
Los obstáculos a los procedimientos de asilo, el acceso limitado a servicios básicos, como la salud, y el aumento y uso prolongado de la detención, son una práctica común, como atestiguó Médicos Sin Fronteras (MSF) en Marruecos y en Libia. Así lo demuestra Turning a blind eye: how Europe ignores de consequences of outsourced migration management, un informe de MSF que demuestra las funestas consecuencias humanitarias que sufren refugiados y migrantes a causa de la política de externalización de fronteras llevada a cabo por Europa.
Entre otras conclusiones, el informe denuncia que el 92% de los rescatados por el barco de MSF Dignity 1 aseguran haber sido víctimas y testigos de violencia, secuestros o violaciones en Libia, país al que miles de refugiados y migrantes se ven obligados a acudir para llegar a Europa.
En La Valeta, la tendencia de falta de respeto por los derechos de los refugiados, la negación de abusos y torturas ya no es estrategia aceptable.
