Tras cinco años de recrudecimiento de la violencia en la subregión del triángulo de Telembí —ubicada al sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador— la población de esta zona vive una de sus peores crisis humanitarias en los últimos 20 años. Esta subregión, integrada por los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, se encuentra en crisis por consecuencia de los combates entre los diferentes grupos armados que se disputan el territorio.
Nos encontramos en esta región de Colombia desde el año 2015 y trasladamos nuestro equipo de atención a emergencias al municipio de Barbacoas en 2020 por los constantes desplazamientos de familias vulnerables, así como por nuevos confinamientos en zonas rurales. Después del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016, zonas que antes eran controladas por un solo grupo armado ahora son disputadas por nuevos grupos.
De acuerdo con nuestras estimaciones, en el primer semestre de 2021 fueron desplazadas 21.106 personas en Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán y Tumaco. Adicionalmente, más de 6.000 personas han sido obligadas a confinarse en sus casas o en sus pueblos por consecuencia de la inseguridad, amenazas de los grupos armados, así como por el riesgo que representa la instalación de minas antipersonales.
Teniendo en cuenta que según censos del gobierno colombiano en esta subregión viven aproximadamente 90.000 personas, se calcula que cerca del 23% de la población ha sido desplazada de sus hogares. Luis Ángel Argote, nuestro coordinador en Nariño, asegura que la situación ha empeorado: “Actualmente estamos viendo a cientos de familias llegando a las cabeceras municipales de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, en donde las alcaldías han habilitado algunos albergues, pero estos no han sido suficientes. Hoy vemos hacinamiento, así como condiciones precarias de vida: en muchos no hay acceso al agua, así como tampoco a comida ni medicamentos”.
En esta subregión, severamente afectada por el conflicto, se ha dificultado el acceso a la salud de toda la población. Mujeres embarazadas, por ejemplo, no pueden acceder a controles obstétricos, como tampoco los pacientes con enfermedades crónicas ni los adultos mayores a sus medicamentos o niños a controles preventivos, incluyendo vacunas. En el primer semestre de 2021, encontramos que las cinco enfermedades más comunes en la subregión están relacionadas con el agua e higiene, por lo cual se han presentado casos de malaria, dengue, diarreas o enfermedades en la piel, así como infecciones de vías respiratorias agudizadas por el COVID-19 y otras condiciones asociadas a procesos de embarazo sin atención médica suficiente.
Ante esta situación, hemos trabajado con los hospitales locales para asegurar el acceso a la salud física y mental para estas comunidades y también hemos respondido a la emergencia con kits básicos de higiene, mosquiteros, purificadores de agua, medicamentos y atención personal tanto médica como de salud mental. Adicionalmente, durante el año pasado y en lo corrido de 2021, hemos apoyado a las instituciones locales con la atención de pacientes por COVID-19. Teniendo en cuenta que se trata de una región tropical, a la pandemia se suman preocupaciones por brotes de malaria y la falta de estructuras de salud en donde se puedan atender estas enfermedades.
Las condiciones empeoran
Una de nuestras mayores preocupaciones es la falta persistente de acceso a los servicios más básicos, incluyendo el problema de agua potable. Según Luis Ángel Argote, coordinador de nuestro proyecto en el triángulo de Telembí, “el problema con el agua potable ha sido frecuente. Muchas familias utilizan el río como fuente de agua, la cual no es potable y en temporada seca puede escasear. Además, con la llegada de nuevas familias los albergues se han quedado sin espacio, lo cual ha generado una situación preocupante de hacinamiento”.
La escasez de agua potable y alimentos, las graves condiciones de hacinamiento persistentes y la dura realidad de vivir en un conflicto armado, han generado diferentes situaciones de estrés. Como explica nuestro equipo de salud mental, en las familias desplazadas suele encontrarse “temor, angustia, frustración e impotencia, por lo que de continuar con una elevada exposición al conflicto armado los factores de resiliencia que contribuyen a afrontar este tipo de situaciones pueden verse disminuidos y la salud mental de las poblaciones seriamente impactada”.
Para Mario*, un líder social que se encuentra en un albergue de Roberto Payán desde abril, el principal temor de regresar a su pueblo es que los grupos armados tomen venganza: “La situación está muy tensa y hay minas antipersonales. Nuestros pueblos no son seguros para nadie. Ahora estamos haciendo peticiones por unos baños, por unas duchas, porque de verdad no tenemos nada”, dice.
Este año, hemos apoyado con insumos a los hospitales, atendimos a 1.118 pacientes en las clínicas y registramos 1.230 beneficiarios de atenciones en salud mental. Adicionalmente, hemos entregado 3.083 kits de higiene y cerca de 1.300 colchonetas y mosquiteros, y hemos ayudado con la adecuación de 12 cocinas comunitarias. Como indica Jaume Rado, nuestro jefe de Misión en Colombia, “a pesar del aumento de esfuerzos por parte de la institución y otras agencias humanitarias, la respuesta al día de hoy sigue siendo insuficiente y tardía; los estándares de calidad están muy lejos de lo que debería ser una respuesta humanitaria”.
Para Argote, en la medida en que pasa el tiempo aumenta el riesgo “físico y mental de las personas desplazadas y confinadas”. Se necesita, por ende, una “mejor respuesta y más reactiva, especialmente a lo que concierne a elementos de albergue, agua limpia, higiene personal y alimentación”. Sin olvidar, dice Rado, que las personas que viven confinadas en zonas rurales tienen dificultades extremas para acceder a servicios básicos como la salud; un aspecto que debería ser priorizado en la asistencia humanitaria”.
*Nombre cambiado para mantener la seguridad del líder social.
