* Actualización: el martes 6 de diciembre de 2022, el gobierno de Honduras incluyó la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) dentro del Protocolo de Atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.
Desde Médicos Sin Fronteras (MSF), una organización médico humanitaria independiente que está presente en Honduras desde 1974, manifiestamos de nuevo nuestra preocupación por la falta de acceso a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia y la ausencia de un protocolo de atención a sobrevivientes de violencia sexual que garantice la vida y la salud a las mujeres.
“Honduras es el único país del continente americano que prohíbe la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE). Es parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es fundamental para prevenir embarazos no deseados, especialmente en casos de violación. La píldora, como ha reiterado la OMS, no causa aborto ni daña la fertilidad futura”, asegura el doctor Marcelo Fernández, jefe de misión de MSF en el país centroamericano.
A la fecha, el gobierno hondureño ha hecho caso omiso al llamado de múltiples organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres y la salud desde hace una década. El país centroamericano, que tiene una de las tasas más alta de embarazo adolescente (1 de cada 4 ha estado embarazada o tuvo un embarazo) y violencia (41 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018) en la región, todavía no integra en sus programas nacionales de planificación familiar la anticoncepción de emergencia. Un método que impediría que muchas mujeres tuvieran embarazos no deseados.
Al no tener acceso a la PAE las mujeres se ven enfrentadas al riesgo de un embarazo no deseado y, consecuentemente, obligadas a buscar sitios clandestinos para interrumpir su embarazo. Según cifras del informe de violencia sexual de 2017 del Centro de Derecho de Mujeres, en Honduras el aborto inseguro representó el 12% de las muertes maternas en el país. Y de acuerdo con los registros de la Secretaría de la Salud, mencionados en el mismo documento, el número de egresos hospitalarios por abortos fue de 10.298. De estas pacientes, 20% fueron mujeres entre los 10 y los 19 años.
Desde la prohibición de la PAE en 2009 hasta 2017, un promedio por año de 21.677 mujeres menores de 18 años dieron a luz. Anualmente, la tasa de partos en adolescentes a nivel nacional se incrementa. Se trata de niñas sometidas a partos obligados que ponen en riesgo su vida. Está comprobado a nivel médico, que un embarazo durante la adolescencia corre mayor riesgo de complicaciones y el binomio madre-hijo es más vulnerable.
Entre enero 2016 y junio 2019, en Tegucigalpa, MSF atendió de manera integral a 94 mujeres que quedaron en embarazo tras sufrir violación. Esta cifra es solo un reflejo de una emergencia sanitaria nacional. Durante la última década (2009-2018), Medicina Forense practicó exámenes a más de 17.000 menores que sufrieron violencia sexual en el país.
Las sobrevivientes cargan con profundas afectaciones físicas y mentales, que desencadenan principalmente estrés agudo, depresión, ansiedad, estrés post-traumático y hasta pensamientos suicidas. Los vacíos en el sistema de salud hondureño, en cuanto a servicios de salud sexual, reproductiva y salud mental, agudizan aún más estos impactos.
“A las mujeres que llegan a nuestros puntos de atención que sufrieron violación, les prestamos apoyo integral, psicológico, médico y soporte social. Las acompañamos en sus procesos terapéuticos. En el transcurso de la atención, muchas pacientes manifiestan que parte de sus dolores e impactos están relacionados con el embarazo no deseado. Algunas, incluso, en medio de ese sufrimiento, llegan a pensar en quitarse la vida.
Entonces, si estas mujeres hubieran tenido acceso a un método efectivo para prevenir un embarazo como la PAE y a un protocolo de atención eficaz, los impactos médicos y psicológicos se hubieran mitigado sustancialmente. La PAE, en definitiva, es un medicamento primordial en la salud de las mujeres”, enfatiza el doctor Fernández.
Como una urgencia médica, desde Médicos Sin Fronteras llamamos de nuevo a la Secretaría de Salud de Honduras para que contribuya a garantizar la salud de las mujeres, elimine la prohibición el medicamento y apruebe un protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual, que lleva frenado desde octubre de 2017.
Mientras más tiempo demore en aprobarse, la vida de más mujeres estará en riesgo.
