Más de 60.000 personas fueron obligadas, entre 2019 y 2020, a esperar una respuesta de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos como resultado del ‘Protocolo de protección a migrantes’ (conocido por sus siglas en inglés MPP); respuesta que, para la mayoría nunca llegó.
En marzo, tomando por excusa la pandemia, el programa fue suspendido y la frontera cerrada mientras estas personas y sus familias seguían esperando y se exponían a la alta inseguridad reinante en estados como Tamaulipas, declarado precisamente por la Secretaría de Estado de los EE. UU. en nivel 4 en riesgo, el más alto en su clasificación, similar a países en conflicto como Siria y Yemen. Ocho meses más tarde, sigue cerrada.
El campamento que se estableció en Matamoros, a pocos metros del puente internacional que conecta con Estados Unidos, llegó a tener unos 2.200 solicitantes de asilo. Todos tenían la esperanza de encontrar protección en el vecino del norte tras haber sufrido violencia, extorsión o secuestro en sus países o a lo largo de sus diferentes rutas a través de México.
Debido a los muros administrativos y burocráticos, a la inseguridad y a la precariedad, cientos de ellos se han ido paulatinamente del campo. La desesperación los ha empujado a buscar otros refugios en la región, a intentar cruzar el río, a regresar a la violencia de la que estaban huyendo o, incluso, a perder la vida. Hoy, cerca de 700 personas siguen esperando en este emplazamiento informal al aire libre la reapertura de la frontera y de los procesos de solicitud de asilo.
Desde el comienzo del MPP, desde Médicos Sin Fronteras (MSF) hemos prestado atención sanitaria en el campo de Matamoros. Durante el pico de la epidemia de COVID-19, de marzo a junio, proporcionamos 843 consultas médicas y 735 de salud mental. Desde esta posición, hemos sido testigos del impacto de las políticas migratorias y del sufrimiento que estas generan en los solicitantes de asilo y cómo socavan su protección.
