La decisión del gobierno de Estados Unidos de bloquear los procesos de solicitud de asilo y cerrar la frontera con México, con la justificación de frenar la propagación del COVID-19, amenaza la salud y la seguridad de miles de personas que buscan protección internacional en los Estados Unidos y que son obligados a regresar a México, asegura la organización médico humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF).
Desde el sábado 21 de marzo de 2020, los equipos de MSF han sido testigos de traslados de personas mexicanas y centroamericanas retornadas de Estados Unidos a Matamoros, hacia el sur de México en autobuses. El envío sistemático y obligatorio al sur del país de los retornados de Estados Unidos, sin un plan de contención y sin mitigar los impactos humanitarios de la medida, es extremamente alarmante.
«Usar al COVID-19 como argumento para evadir sus obligaciones internacionales hacia los refugiados y los migrantes no solo es inaceptable, sino también contraproducente en términos de control de brotes», dice la doctora Isabel Beltrán, coordinadora médica de MSF en México y América Central.
«Este tipo de medidas son innecesarias y desproporcionadas porque discriminan y estigmatizan a un segmento de la población y evitan que las personas que sufren violencia tengan acceso a un sistema de protección y seguridad».
MSF ha respondido a innumerables epidemias en todo el mundo, y sabemos que las medidas de salud pública funcionan cuando protegen a todas las personas y fracasan cuando no se incluye a poblaciones vulnerables como los migrantes.
Además, como MSF ha insistido en varias ocasiones, las políticas de migración de EE.UU. e implementadas por México, como el denominado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés), ponen en peligro la vida de las personas que son obligadas a esperar en México la decisión de su solicitud en Estados Unidos. Estas personas se encuentran atrapadas en un peligroso limbo, y su vulnerabilidad aumenta con la expansión de la epidemia de COVID-19.
A medida que el virus continúa propagándose, MSF monitorea las necesidades de salud del país, mientras organiza su respuesta para mantener y ampliar los servicios médicos integrales que se prestan en México. Sin embargo, le preocupa el impacto que tendrá esta pandemia en un contexto en el que las personas no tienen acceso regular a servicios médicos y viven en condiciones precarias que facilitan la propagación del virus.
“Hemos aumentado nuestras actividades médicas en Matamoros debido a la falta de atención integral dentro del campamento, donde viven alrededor de 2.000 solicitantes de asilo. Brindamos servicios de salud física y mental y actividades de promoción de la salud.
A pesar de estos esfuerzos, está claro que es imposible implementar adecuadamente medidas de prevención de infecciones, como desinfectar espacios públicos, lavarse las manos con frecuencia y distanciarse de otras personas, en un lugar donde familias enteras duermen juntas en una sola carpa”, dijo Beltrán.
Mientras MSF fortalece su respuesta para llegar a las personas más vulnerables, se solidariza con la población e insta a los gobiernos de EE. UU. y México a asumir la responsabilidad de garantizar la provisión de medidas de mitigación inclusiva y atención médica integral, particularmente a las personas que viven en condiciones peligrosas como migrantes y solicitantes de asilo.
“La mayor preocupación de la gente en este momento es la incertidumbre sobre su futuro. No tienen otra opción que dormir en espacios sobrepoblados que no permiten las medidas de prevención necesarias. Somos conscientes de los monumentales desafíos que conlleva la pandemia y, por esa razón, es necesario que los actores médicos coordinen acciones que incluyan a estas poblaciones en sus planes de prevención y, de ser necesario, medidas de contención”, dice Marcelo Fernández, jefe de misión de MSF en México.
