Varias ciudades del norte de México, como Reynosa o Nuevo Laredo, que presentan altos índices de inseguridad a causa del crimen organizado y no tienen ningún tipo de capacidad para prestar asistencia humanitaria, se han convertido, paradójicamente, en puntos obligado de tránsito y espera para miles de personas que buscan que Estados Unidos los acoja debido a su situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la realidad es que cada vez más están siendo sometidos a exponer sus vidas y al deterioro de su salud. Médicos Sin Fronteras (MSF) evidencia sus impactos humanitarios a través de sus testimonios.
El círculo de la violencia: las personas que huyen y llegan al norte de México
Después de enfrentarse a los incesantes riesgos desde el sur de México, las personas forzadas a huir de sus países de origen por razones de inseguridad, llegan al norte pensando que pronto van a cruzar hacia Estados Unidos, pero lo cierto es que este extenuante viaje los enfrenta a otra cruda realidad: tener que pasar y aguardar en una ciudad peligrosa, bajo el control de bandas criminales, como Reynosa, Tamaulipas.
Hace un año, el único albergue en Reynosa que recibía a esta población estaba medio vacío. Hoy, este espacio, que dispone de 180 lugares, se ha visto obligado a mantener en hacinamiento a 400 personas, por lo menos. Lo mismo sucede en otras ciudades como Nuevo Laredo y Mexicali.
Desde los primeros meses de este año hubo un incremento exponencial en la cantidad de población migrante en Reynosa. Entre enero y junio, MSF pasó de tener 20 a 35 consultas diarias en el albergue de Reynosa, con un total de 1.366 referencias a atención médica, psicológica y trabajo social por parte del equipo de promoción de salud.
“Vemos mujeres y hombres solos pero también una gran cantidad de familias deambulando en una ciudad fronteriza que no cuenta con las condiciones humanitarias para recibir personas que llegan en un grado alto de vulnerabilidad, después de haber tenido que enfrentar los peligros de la ruta hacia el norte, como secuestro, extorsión, violencia sexual, transportes inseguros y graves afectaciones en su salud física y mental”, comenta Anayeli Flores, encargada de Soporte Social del proyecto de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Reynosa.
Flores asegura que las personas que no encuentran espacio en el único albergue se han visto obligadas a alojarse en hoteles, apartamentos o casas en la insegura ciudad. “Las pacientes que atendemos nos han contado que han sido víctimas de extorsión, que les roban las cosas o los han querido subir a camionetas, como intentos de secuestro. Están en una situación de vulnerabilidad muy grande”, agrega.
Entre junio de 2018 y junio de 2019, el 45% de los 2.315 pacientes de salud mental atendidos por MSF en Reynosa y Matamoros, manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante la ruta migratoria. De ese 45%, el 33% aseguró haber sido agredido físicamente y el 19% sufrió violencia sexual.
El desamparo: la obligada esperar sin garantías ni protección
Debido a las políticas instauradas por el gobierno de Estados Unidos, e implementada por el gobierno de México, conocida como “Política de Medición” (Metering Policy) -que limita el número de solicitudes de asilo en un puerto de entrada entre la frontera de Estados Unidos y México por día- Tamaulipas se ha convertido en el punto obligado de espera para las personas que buscan solicitar asilo. Esta dinámica impacta directamente en la vida de estas personas porque las obliga a permanecer en un lugar tan inseguro donde cada día, al menos, sucede un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado.
Ya desde 2017, MSF también atiende a la población víctima de la violencia en este punto fronterizo, a través de un proyecto de atención integral (médico, psicológico y social), que cuenta con presencia en el Hospital General, el Albergue Senda de Vida, La Casa Migrante Guadalupe, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) y una Clínica Fija.
A partir de 2018, MSF vio la necesidad de extender sus actividades a la ciudad de Matamoros, para prestar servicios a la población retornada del vecino país y atender a los migrantes y solicitantes de asilo que continúan su ruta a Estados Unidos.
El temor de regresar: las afectaciones y las malas condiciones de los retornados
La mayoría de los migrantes mexicanos que son obligados a retornar tienen su familia y trabajo en Estados Unidos. Por estas razones muchos están dispuestos a volverlo a intentar, aún cuando arrastran el agotamiento de la detención.
“Estuve un mes en la hielera, un espacio muy pequeño para 15 o 20 personas, pero habíamos más de 40”, cuenta Julio agotado*. Mari*, de 27 años, también asegura que pasó por situaciones inhumanas, mientras estuvo retenida. “Nos dormíamos en el piso, había mujeres embarazadas y niños separados de sus familiares”, denuncia.
Dentro de los maltratos que sufren las personas en los centros de detención, se encuentran las afecciones médicas que van complicándose, porque no reciben atención médica oportuna. “Lo que expresa, la mayoría, son malos tratos, discriminación, sobre todo, y que no son escuchadas sus peticiones”, comenta Nora Valdivia, psicóloga clínica del proyecto de MSF en Reynosa, México.
Las necesidades médicas son apremiantes. En la mayoría de casos, los pacientes de la organización presentan enfermedades respiratorias o gastrointestinales que pueden ser por causa del hacinamiento que vivieron en las “hieleras” antes de ser retornados. A esto se le agrega diversos diagnósticos de salud mental atribuidos a lo que vivieron en su país de origen, en la ruta migrante o los malos tratos durante su proceso de deportación.
Para MSF esta dinámica migratoria impuesta por unas políticas inhumanas que exponen cada vez más a las personas a la inseguridad y la falta de atención humanitaria es inaceptable. Ni Reynosa, ni ninguna otra ciudad en Tamaulipas es apta para la recepción de migrantes, solicitantes de asilo y retornados.
MSF llama de nuevo a los gobiernos de México y Estados Unidos a frenar la ejecución de políticas migratorias que ponen en riesgo la vida de las personas, y a implementar medidas que protejan y garanticen la asistencia humanitaria, para encarar las consecuencias que incrementan el sufrimiento de miles de personas que huyen de sus países y, como hemos sido testigos, pone en riesgo deliberadamente la vida de seres humanos vulnerables.
*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de los pacientes.