Desde Médicos Sin Fronteras pedimos la suspensión de las deportaciones desde los Estados Unidos al resto del continente americano, un proceso que supone el traslado colectivo de personas desde el epicentro de la pandemia del COVID-19, a países con menores tasas de transmisión de la enfermedad y que podría exacerbar la crisis de salud pública en la región.
“A pesar del riesgo de contagio y las implicaciones para la salud de las personas, EE. UU. ha continuado organizando vuelos para deportar a migrantes y solicitantes de asilo a sus países de origen, la mayoría con sistemas de salud frágiles”, explica Marc Bosch, nuestro coordinador en Latinoamérica.
México está asimismo llevando a cabo deportaciones y repatriaciones voluntarias de aquellos migrantes que optan por regresar a sus países. En total, EE.UU. y México han retornado al menos a 6.500 guatemaltecos, 5.000 hondureños y 1.600 salvadoreños entre marzo y mediados de abril. La negativa de gestionar peticiones de asilo emitida por la administración de Trump supone un riesgo adicional para las personas que huyen de la violencia y que, en caso de ser deportados, se enfrentarán al doble riesgo del COVID-19 y las amenazas hacia su propia vida.
Nuestros equipos son ya testigos del impacto de continuar con las deportaciones en el momento álgido de la pandemia. En Nuevo Laredo (Tamaulipas, México), un albergue en el que trabajamos ha tenido que cerrar sus puertas a nuevas admisiones después de que 15 personas resultaran contagiadas por COVID-19 tras tener contacto con un deportado desde los EE.UU.
“El caso de Nuevo Laredo demuestra cómo los envíos de deportados desde Estados Unidos, que no han cesado pese a que el país registra los números más elevados del mundo de personas afectadas, pueden ser un factor de transmisibilidad de la enfermedad”, expone Sergio Martín, nuestro coordinador general en México, “y a la vez es una muestra de la dificultad que tienen los albergues, sin recursos suficientes, para poder adaptar sus instalaciones de forma que se pueda prevenir el contagio”.
El cierre de albergues, que ha sucedido en todo México, es contraproducente al dejar a migrantes y solicitantes de asilo sin protección, expuestos a la enfermedad y con acceso limitado a los servicios básicos que requieren. La práctica de las devoluciones en caliente sin que México disponga de un sistema fiable para garantizar cumplimiento de las cuarentenas o aislamiento para los pacientes deportados es extremadamente preocupante. Esta situación es especialmente crítica en las ciudades norteñas que registran mayor número de casos de COVID-19 por su cercanía a los Estados Unidos y un elevado movimiento de población y que a la vez concentran episodios sistemáticos de violencia en contra de la población migrante. En MSF estamos actualmente en proceso de inicio de operaciones en Tijuana, limítrofe con San Diego, después de que el número de casos de contagios registrados en la ciudad amenace con colapsar el sistema sanitario público.
La situación no se limita a México. El presidente de Guatemala puso fin los vuelos de deportación a su país, después de detectar que varios de los deportados habían llegado desde Estados Unidos enfermos al país. La misma situación se ha repetido en Haití.
“La mayoría de los países a los que los deportados son enviados disponen de sistemas de salud frágiles. Cualquier medida que contribuya a expandir regionalmente la enfermedad o ponga en riesgo a las personas tiene que suspenderse de forma inmediata”, añade Martín.
“Honduras, El Salvador, Guatemala o Haití son países con serias carencias en relación al número de tests disponibles, en equipos de vigilancia epidemiológica, en número de camas o tratamientos médicos y con un número limitado de equipamiento necesario como son los ventiladores. Un brote significativo de COVID-19 podría resultar catastrófico”.
Los centros de detención en territorio estadounidense en los que se encierra durante días o semanas a los que van a ser deportados deben ser asimismo foco de atención porque se están convirtiendo en caldos de cultivo idóneos para el contagio masivo de la enfermedad. Estados Unidos debe minimizar la exposición de personas vulnerables a este contagio y suspender la actividad de estos centros. Asimismo, solicitamos ya el cierre de los centros de detención de migrantes en México (conocidos como Estaciones Migratorias), después de que a finales de marzo se registrara un motín en una de estas estructuras en Tenosique, en el que un ciudadano guatemalteco falleció. Los detenidos protestaban por las condiciones del centro y la falta de información y reacción por parte de las autoridades mexicanas frente al COVID-19.
En este sentido, recordamos que México asimismo debe velar porque el proceso de repatriación voluntaria de migrantes (hacia El Salvador, Honduras u otros países) se realice con las garantías necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. Actualmente los países no disponen de mecanismos de cuarentena que garanticen el aislamiento seguro de las personas que llegan del exterior y su acceso completo a métodos de diagnóstico y tratamiento.
“En El Salvador, al llegar al país, las personas deportadas son enviadas a centros de cuarentena diferenciados, cuyas condiciones distan en gran medida de las del resto de población que entra al país”, explica nuestro coordinador en El Salvador, Stéphane Foulon.
“Aunque la atención sanitaria está asegurada, las medidas sanitarias y de aislamiento no siempre pueden llegar a cumplirse porque el flujo de llegadas de deportados desde Estados Unidos es incesante”.
Estamos adaptando nuestras actividades tanto en México como en Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití, así como en los Estados Unidos para colaborar en la lucha contra el COVID-19, además de en el resto de países del continente donde tenemos presencia.
