Este martes, la Secretaría de Salud (SESAL) entregó una buena noticia para las mujeres hondureñas. Con la socialización del Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual en Honduras que incluye la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), el país da un paso importante para mejorar la respuesta a quienes sufren de esta violencia.
Por más de una década, hemos reiterado que una violación sexual es una emergencia médica y que el vacío en el acceso a los servicios de salud fundamentales para las víctimas de violencia sexual podría reducirse con la existencia de un Protocolo nacional que incluya la anticoncepción de emergencia como componente esencial del mismo.
¿Cómo trabajamos contra la violencia sexual en Honduras?
Nuestro trabajo de incidencia se ha basado en la experiencia de más de 10 años respondiendo a las necesidades médicas y psicosociales de las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma. Desde el 2016 junto con la SESAL, organizaciones de la sociedad civil hondureña, entidades públicas, y otras organizaciones no gubernamentales participamos en la Mesa de Trabajo para la redacción y aprobación del Protocolo de Atención Integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.
Los vacíos en el sistema de salud hondureño a falta de este Protocolo traían consigo graves consecuencias a nivel físico y de salud mental. Con la ausencia de este documento, las mujeres víctimas de una violación sexual se enfrentaban al riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS) y un embarazo no deseado. Además de cargar con profundas afectaciones mentales y emocionales que tienen consecuencias a largo plazo.
“Honduras es el único país del continente americano que tiene prohibida la PAE. Con el levantamiento de la prohibición para casos específicos de violencia se contribuye a reducir la barrera a la que se enfrentaban miles de hondureñas. Creemos que es una victoria y esperamos que en un futuro cercano este medicamento sea puesto al alcance de todas las mujeres”, señala Tess Hewett, nuestra oficial de asuntos humanitarios en Honduras.
Nuestro trabajo en los últimos años ha consistido en sensibilizar a las diferentes comunidades y al gobierno sobre la respuesta a las consecuencias médicas de la violencia sexual, subrayando la problemática de salud pública y enfatizando la necesidad de asegurar una respuesta pública. En este aspecto, ha sido fundamental la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y la incidencia con enfoque médico y técnico sobre el uso de la PAE.
Desde entonces, nos hemos pronunciado de diferentes maneras mostrando la urgencia del levantamiento de la prohibición de la PAE. Esta decisión implica destrabar la aprobación del Protocolo en mención, que se ha diseñado como una importante herramienta para derribar las barreras de acceso y que mejorará la respuesta a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en el país.
Ahora, instamos a las autoridades sanitarias a enfocarse en la capacitación de los recursos humanos en la atención integral humanizada a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en los circuitos de atención.
“También es urgente luchar contra la estigmatización de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Es su derecho de buscar atención médica inmediata y que incluya la prevención del embarazo no deseado. En este sentido, la PAE debe estar disponible para todas aquellas que la necesiten”, resalta Hewett.
.
